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Agnes Callamard: La proliferación sin control de drones propicia violaciones de los derechos humanos

La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias advirtió este jueves sobre los atropellos a los derechos humanos que se llevan a cabo cada vez más a menudo con aeronaves no tripuladas.

“El mundo ha entrado en una ´segunda era de drones´ en la que numerosos actores estatales y no estatales despliegan drones con tecnologías más y más avanzadas” dijo Agnès Callamard, destacando que esos vehículos han proliferado sin regulación o control.

En su presentación al Consejo de Derechos Humanos de un informe sobre asesinatos selectivos y drones, la experta alertó de la gravedad de este fenómeno, que da pie a una serie de violaciones de las garantías fundamentales y citó el caso del general iraní Qassem Saleimani, asesinado el 3 de enero pasado por vehículos aéreos no tripulados estadounidenses cuando se encontraba en Bagdad, Iraq.

“Fue una violación de la Carta de las Naciones Unidas y un asesinato arbitrario del que Estados Unidos es responsable frente a la ley internacional”, puntualizó Callamard, quien incluyó en el informe un anexo dedicado al caso de Saleimani.

El “club” de los drones

El texto de la relatora asevera que la posesión de drones ya no es cuestión de una elite, sino que existe una carrera para su adquisición y que esto supone una amenaza para la protección de los derechos humanos.

Los datos de su informe señalan que en 2020 al menos 102 países cuentan con un inventario activo de drones militares y que 40 más poseen o están en proceso de adquirir drones armados. Del total, unos 35 países tendrían el mayor arsenal de drones y también el más letal. “Muchos Estados están ansiosos por pertenecer a este club del poder que dan los drones”, sostuvo la relatora.

Del 2015 a la fecha, al menos once países habrían desplegado drones armados con el propósito de emplear la fuerza o cometer asesinatos selectivos, revela el documento.

Callamard enfatizó la falta de supervisión o regulación de los operativos con drones: “Hasta la fecha no hay estándares robustos que gobiernen su despliegue, proliferación, exportación o capacidad del uso de la fuerza. No hay transparencia, no hay supervisión efectiva, no hay rendición de cuentas”, puntualizó.

El bajo costo y la capacidad “todo terreno” ha convertido a los drones en el vehículo más eficiente para los operativos militares en zonas remotas o de difícil acceso. Además, pese a causar numerosas muertes y víctimas civiles, no atraen la misma atención que otros métodos castrenses.

La experta subrayó que los asesinatos con aeronaves no tripuladas son ignorados por las leyes nacionales e internacionales, a diferencia de otros crímenes para los que incluso se crean comisiones investigadoras.

Más aún, añadió que las evidencias muestran que muchas veces ni siquiera se reportan las muertes, lesiones y trauma de las poblaciones civiles causadas por los drones.

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La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard.

Distorsión de la ley

Callamard notó que algunos Estados de gran influencia han distorsionado el derecho internacional al invocar la ley de autodefensa de la Carta de la ONU, como hizo Estados Unidos para justificar el asesinato de Soleimani en el territorio de un tercer país.

La relatora explicó que esa invocación implica una distorsión temporal, geográfica y de soberanía de la mencionada ley, que estipula que la fuerza letal sólo es permitida para evitar un ataque inminente, para lidiar con grupos no estatales específicos o para neutralizar amenazas emanadas desde un tercer país cuando éste no pueda o no quiera cooperar.

Lo ocurrido con Soleimani en Bagdad “subraya los graves riesgos que representan para la paz y seguridad internacionales estas distorsiones legales, al igual que la expansión de la doctrina de guerra al terrorismo”, remarcó.

“La comunidad internacional debe confrontar ahora la perspectiva real de que los Estados opten por la eliminación estratégica de los oficiales de alto rango militar fuera del contexto de una guerra conocida y busquen justificar los asesinatos apelando a la necesidad, no a la inminencia, y clasificando a sus objetivos como terroristas que suponen posibles amenazas futuras e indefinidas”, abundó.

Para eliminar este peligro y frenar la proliferación de las aeronaves no tripuladas, Callarmard llamó a implementar un control internacional estricto a su exportación, al igual que a la de las tecnologías relacionadas con esos vehículos.

Asimismo, pidió que se vigile que el uso de los drones se apegue a la letra a las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos.

Finalmente, instó al Consejo de Seguridad de la ONU a sesionar formalmente sobre el tema y exhortó a los Estados a apoyar la propuesta de México de establecer estándares y mecanismos de rendición de cuentas sobre el uso y exportación de drones armados mediante un proceso multilateral y transparente.



Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

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