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Las ONG llaman a actuar para evitar el matrimonio infantil y la mutilación genital a millones de niñas

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MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las medidas adoptadas para frenar la propagación del coronavirus a nivel mundial han dejado a las niñas más expuestas y desprotegidas por lo que a menos que se retomen rápidamente los programas para protegerlas hasta 13 millones de menores podrían verse forzadas a casarse y 2 millones podrían ser víctimas de mutilación genital femenina, según alerta la alianza 'No Quiero' que forman Amnistía Internacional, Entreculturas, Mundo Cooperante y Save the Children.

Según estas ONG, el cierre de escuelas, la inseguridad económica y alimentaria, y la falta de medidas de protección social están asociadas con un mayor riesgo de abuso y explotación infantil, negligencia y violencia de género contra las niñas, de matrimonio infantil, precoz y forzado y prácticas dañinas como la mutilación genital.

En ese sentido, han alertado de que el retraso en la puesta en marcha de los programas de protección a niñas y adolescentes provocado por la pandemia frenará los avances relativos al objetivo de eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina (MGF) para 2030, e incluso podría poner en peligro lo ya avanzado en esta materia.

Según las proyecciones realizadas por el Fondo de Población para Naciones Unidas (UNFPA), el cierre de las escuelas, la suspensión de los programas para prevenir la MGF y la crisis económica mundial podrían dar como resultado 2 millones de casos de mutilación genital femenina y 13 millones de matrimonios forzados que, de otro modo, podrían haberse evitado. Asimismo, las proyecciones indican también que los meses de encierro podrían sumar 31 millones de nuevos casos de violencia de género contra mujeres y niñas y 7 millones de embarazos no deseados.

En situaciones de crisis como la actual, algunas familias recurren al matrimonio infantil para reducir su carga financiera, particularmente cuando se paga el precio de la novia o en la creencia de que es necesario proteger a las niñas de otras formas de violencia de género. En muchos casos, la mutilación genital va de la mano, pues se le practica a las niñas para casarlas posteriormente.

LA MUTILACIÓN ES UNA FORMA DE TORTURA

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha advertido de que "la mutilación genital femenina constituye una forma de tortura, de discriminación y violencia de género que sufren fundamentalmente las niñas". "Vulnera su derecho a la salud, a su autonomía y a decidir sobre su sexualidad y reproducción", ha precisado, incidiendo en que pese a los avances logrados y a que cada año son más países los que prohíben esta práctica, "la actual crisis podría estar provocando un aumento".

Según la UNESCO, 743 millones de niñas no están yendo a la escuela debido a la COVID-19, a lo que se suman los 132 millones de niñas de entre 6 y 17 años que estaban fuera del sistema educativo ya antes de la pandemia. La desprotección de las niñas al abandonar la escuela se traduce en casos concretos como el de la región tanzana de Ruvuma, donde en un mes se han dado más de cien embarazos de niñas durante la emergencia.

"Cuanto más tiempo mantengamos a las niñas fuera de la escuela, menos posibilidades tendrán de regresar", ha subrayado el vicepresidente ejecutivo de Entreculturas, Daniel Villanueva. "La escuela tiene un papel fundamental en la protección y prevención de la violencia contra las niñas, así como de prácticas dañinas", ha añadido, incidiendo en que "es fundamental que los gobiernos inviertan en garantizar que cuando las escuelas vuelvan a abrir, las niñas y jóvenes no queden atrás".

Pese a estas circunstancias, el director técnico de Mundo Cooperante, Albán del Pino, ha sostenido que se está "a tiempo de exigir y poner en la agenda internacional todos los recursos necesarios para que este tristísimo pronóstico no se cumpla". "Cada niña cuenta. Cada niña nos dice: no quiero", ha afirmado.

Del Pino ha lamentado que el coronavirus ha impactado en los programas contra la mutilación genital femenina, ya que normalmente se llevan a cabo en contextos de grupo y las medidas de distanciamiento social no lo permiten, además de haber desviado "la atención, los recursos y la labor de los programas sociales y de salud hacia la contención de la pandemia".



RIESGO DE PERDER LO AVANZADOAsí las cosas, el director de Save the Children España, Andrés Conde, ha insistido en que existe el riesgo de "revertir todo el progreso que hemos logrado, a medida que en algunos países los espacios cívicos se vuelven más restringidos y la atención e inversiones públicas se centran casi exclusivamente en la contención de la pandemia".

Según Conde, "esto irá en detrimento de las prioridades esenciales clave, como el acceso de las niñas a los servicios de salud sexual y reproductiva, educación, servicios de protección social y el espacio para que sus voces sean escuchadas".

Ante este panorama, desde la alianza 'No Quiero' piden a los gobiernos actuar de manera urgente para evitar un aumento de las violaciones de derechos de las niñas y garantizar que sus derechos se respetan tanto durante la crisis sanitaria como después. En este sentido, reclaman compromisos concretos en sus políticas, y financieros, que aborden la violencia de género que enfrentan las niñas, incluida la violencia sexual y la explotación, el matrimonio infantil y la MGF.

Así las cosas, sostienen que se debe priorizar e integrar la prevención y la respuesta a la violencia de género, incluidas medidas que garanticen el acceso a atención de la salud mental y de salud psicosocial y sexual y reproductiva para niñas supervivientes, así como para proteger la seguridad y la libertad de las menores.

También apuestan por garantizar una educación de calidad y libre de violencia para las niñas, en las que las escuelas sean "espacios protectores y seguros" y velar por que todas las niñas dispongan de acceso a servicios de salud adecuados y dotados del personal y el equipo adecuados.

Asimismo, defienden la necesidad de mantener e incrementar la disponibilidad de espacios seguros y servicios y líneas de asistencia abiertos durante la pandemia que brinden protección a las víctimas en situación de riesgo.

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