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Filipinas: la “Guerra contra las drogas” causa daños duraderos a menores



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(Manila) – Miles de niños en Filipinas han sufrido daños físicos, emocionales y económicos duraderos por la abusiva “guerra contra las drogas” del presidente Rodrigo Duterte, dijo Human Rights Watch en un informe y un video publicados hoy. Los gobiernos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2020 deberían apoyar una investigación internacional independiente sobre los asesinatos de la “guerra contra las drogas” en Filipinas, incluidas las violaciones contra los niños.

El informe de 48 páginas, “‘Our Happy Family Is Gone’: Impact of the ‘War on Drugs’ on Children in the Philippines” (“‘Nuestra familia feliz ya no existe’: el impacto de la ‘guerra contra las drogas’ en los niños en Filipinas”), describe la difícil situación que afrontan los menores cuyos padres o tutores han sido asesinados. Muchos han sufrido problemas psicológicos y todos experimentaron dificultades económicas que empeoraron debido a la muerte de un sostén de la familia. El agravamiento de la pobreza y el trauma han llevado a muchos niños a abandonar la escuela o les han obligado a trabajar. Algunos niños que perdieron a un miembro de su familia han sido blanco de intimidación en su escuela y comunidad. Algunos menores se vieron obligados a vivir en la calle.

“Los niños filipinos han sufrido terriblemente por la decisión del presidente Duterte de desplegar a la policía y sus sicarios contra presuntos consumidores de drogas”, dijo Carlos Conde, investigador de Filipinas para Human Rights Watch. “El gobierno necesita acabar con esta violencia interminable que está minando la vida de los niños, así como la asistencia directa a los menores perjudicados”.


Human Rights Watch entrevistó a 49 personas para el informe: 10 niños; 23 padres, madres, familiares o tutores; y 16 representantes gubernamentales, miembros del personal de organizaciones no gubernamentales y líderes comunitarios. Human Rights Watch documentó el impacto de 23 asesinatos por la “guerra contra las drogas” en las familias de las víctimas en seis ciudades y provincias, entre ellas el área metropolitana de Manila.


La Agencia de Control de Drogas de Filipinas informó que 5.601 sospechosos de haber cometido delitos relacionados con las drogas murieron durante las operaciones contra el narcotráfico de la policía del 1 de julio de 2016 al 31 de enero de 2020. La policía afirma que estas personas fueron asesinadas porque opusieron resistencia. Esta cifra no incluye los miles de asesinados por sicarios no identificados o por los denominados “escuadrones de la muerte”, muchos de ellos vinculados a la policía.


Los defensores de los derechos de los niños en Filipinas han documentado que 101 niños fueron ejecutados extrajudicialmente o asesinados como espectadores durante operaciones antidrogas desde mediados de 2016 hasta 2018. La cobertura mediática de 2019 y 2020 muestra que los asesinatos de menores han continuado.

Human Rights Watch descubrió que el impacto de la violencia de la “guerra contra las drogas” va más allá de los asesinatos. Los menores describieron las dificultades que sufrieron debido al asesinato de un ser querido. Jennifer M. dijo que dejó de comer, empezó a sentir ansiedad y sufrió acoso escolar después de que la policía matara a su padre en Ciudad Quezón en 2016. “Estaba enfadada con los policías porque mi padre suplicó clemencia, pero no lo escucharon”, relató Jennifer, que en ese momento tenía 12 años. La policía, dijo, le disparó en su presencia.


La familia de Renato A., asesinado en la ciudad de Mandaluyong en 2016, afronta dificultades extremas desde su muerte. Sus 3 hijos, de 13, 10 y 1 años en el momento de su asesinato, dejaron de ir a la escuela y han estado viviendo en las calles de la ciudad. “Tuve que empezar a trabajar más duro cuando murió mi padre”, dijo Robert, el mayor, que trabajaba como recolector de basura para mantener a su familia. “Me convertí en un padre para mis hermanos”.

La ausencia de apoyo gubernamental ha empeorado la situación de estos niños, señaló Human Rights Watch. El gobierno de Duterte no cuenta con ningún programa para abordar las necesidades de los menores que se quedan rezagados por la violencia. Además, estos a menudo son reacios a acudir al gobierno en busca de ayuda debido al estigma de la “guerra contra las drogas”. Si bien el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo brinda la asistencia habitual, como la cobertura de los gastos de entierro, no tiene una campaña de alcance significativa para estas familias y sus hijos, dejando cualquier intervención económica y psicosocial o de salud mental en manos de grupos religiosos, no gubernamentales y comunitarios.


En febrero de 2018, la Corte Penal Internacional abrió una evaluación preliminar de las denuncias presentadas contra el presidente Duterte relacionadas con la “guerra contra las drogas”, lo que llevó al gobierno filipino a retirarse de la corte. En junio de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución solicitando a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presente un informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas. Se espera que la oficina presente este informe ante el Consejo de Derechos Humanos durante su sesión de junio en Ginebra.

“El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería abrir una investigación internacional y presionar al gobierno filipino para que ponga fin a su guerra letal contra las drogas”, dijo Conde. “Si no se toman medidas inmediatas, toda una generación de niños filipinos serán víctimas de la violencia de la campaña antidrogas de Duterte”.



Véanse a continuación los testimonios de algunos de los menores, padres, madres y tutores entrevistados.  


Jennifer M.
, hija de Benigno M., asesinado en diciembre de 2016:

Estaba confundida porque no entendía el porqué. ¿Por qué mi papá? De todas las personas que hay ahí fuera, ¿por qué escogieron a mi padre? Estaba enfadada con los policías porque mi padre suplicó clemencia, pero no lo escucharon. Por eso estaba tan enfadada.

No puedo explicarlo porque con tantos asesinados aquí en Payatas, es como si mi mente se quedase aturdida. ¿Con quién poder hablar de esto? ¿Qué pasa por tu mente cuando recuerdas lo que pasó? Es como si tu mente estuviera en desorden.

Malou M., madre de Jennifer:

Es muy furo porque no sabes cómo vas a empezar, cómo vas a cuidar de tus hijos, cómo vas a enviarlos a la escuela y cómo vas a pagar sus gastos diarios y sus comidas. Hay periodos en los que no pueden asistir a la escuela porque no tienen asignación por escolaridad. Nos quedamos sin agua del grifo porque no podíamos pagar la factura, ni tenemos electricidad ni tantas otras cosas.

Randy delos Santos, tío de Kian delos Santos, 17, asesinado en agosto de 2017:

Si no fuese por las imágenes en el video de televisión de circuito cerrado (CCTV), la verdad sobre la muerte de mi sobrino no se habría sabido nunca y no habrían abierto un caso contra los policías.

Robert A., cuyo padre fue asesinado en diciembre de 2016:

Habíamos salido a comprar maníes. Mi primo y yo vimos a cuatro hombres en moto sin matrículas, con las caras cubiertas y con chaquetas. Intenté seguirles, intenté adelantarles. Hice todo lo que pude por llegar primero a donde estaba mi padre, pero fue demasiado tarde. Vi cómo dispararon a mi padre.

A John [hermano de Robert] le afectó más la muerte de mi padre porque desde entonces, ya nunca le veo feliz. Si le veo sonreír, es forzada. Sigue buscando a mi padre porque era su favorito. Se enfada con rapidez y ha dejado de confiar en la gente.

Tuve que empezar a trabajar cuando murió mi padre. Me convertí en un padre para mis hermanos porque no quiero verles sufrir… así que hago todo lo que puedo. Me obligo a trabajar incluso cuando no quiero. Me obligo por mí, por mis hermanos.

Karla A., hermana de Robert:

Yo estaba allí cuando ocurrió, cuando dispararon a mi papá. Lo vi todo, cómo dispararon a mi papá… Nuestra familia feliz ya no existe. Ya no tenemos a nadie a quien llamar papá. Queremos estar con él, pero ya no podemos.

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