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Expertos en derechos humanos instan a Estados Unidos a reformar el sistema judicial para acabar con el racismo



Tras una semana de protestas contra la discriminación racial de la policía en muchas ciudades de Estados Unidos, una treintena de expertos independientes* en derechos humanos de las Naciones Unidas han publicado dos comunicados este viernes pidiendo al Gobierno por un lado medidas contundentes para combatir el racismo sistemático y los prejuicios raciales en el marco del sistema de justicia penal.

En uno de los comunicados, demandaron al Gobierno a que emprenda investigaciones independientes que garanticen la rendición de cuentas en todos los casos en los que la policía haya hecho un uso excesivo de la fuerza.

Estamos profundamente preocupados de que la nación esté al borde de una respuesta militarizada que recrea las injusticias que han llevado a las personas a las calles a protestar.
En el otro comunicado señalaron que "las protestas que el mundo está presenciando son un rechazo de la desigualdad racial y la discriminación fundamentales que caracterizan la vida en los Estados Unidos para las personas negras y otras personas de color".

Además, se mostraron preocupados por la respuesta que el Gobierno que preside Donald Trump está dando a las manifestaciones.

"La respuesta del presidente de los Estados Unidos a las protestas en diferentes momentos ha incluido la amenaza de más violencia estatal usando un lenguaje directamente asociado con los segregacionistas raciales del pasado de la nación, que trabajaron arduamente para negar a los negros los derechos humanos fundamentales" afirman.

Y añaden: "Estamos profundamente preocupados de que la nación esté al borde de una respuesta militarizada que recrea las injusticias que han llevado a las personas a las calles a protestar".

Aseguran que las expresiones de solidaridad, a nivel nacional e internacional, son importantes, pero no son suficientes.

"Muchos en los Estados Unidos y en el extranjero finalmente están reconociendo que el problema no son unas pocas manzanas podridas, sino que el problema es la forma misma en que la vida económica, política y social se estructura en un país que se enorgullece de la democracia liberal y la economía más grande del mundo".

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Dos oficiales de policía patrullan una de las marchas contra el racismo en la ciudad de Nueva York

Pasos concretos y no retórica

También consideran que la verdadera demostración de si las vidas de los ciudadanos negros realmente importan está aún por ver en los pasos que las autoridades y los ciudadanos privados toman en respuesta a las demandas concretas que los manifestantes están haciendo.

Un ejemplo de los pasos que se deben dar son los llamamientos a nivel nacional para revertir los asombrosos presupuestos policiales y militares, reinvirtiéndolos en atención médica, educación, vivienda, prevención de la contaminación y otras estructuras sociales, especialmente en favor de las comunidades de color que han sido empobrecidas y aterrorizadas por la intervención estatal discriminatoria.

"Una intervención reparadora para la injusticia racial histórica y contemporánea es urgente y requerida por el derecho internacional de los derechos humanos", señalan los expertos para quien "este es un momento para la acción y no solo de palabras, especialmente las de aquellos que no temen por sus vidas o sus medios de vida debido a su raza u origen étnico".

Los expertos también tuvieron palabras para los líderes internacionales que se han manifestado en solidaridad con los manifestantes y con los negros en los Estados Unidos, a quienes señalaron que "también deberían aprovechar esta oportunidad para abordar las formas estructurales de injusticia racial y étnica en sus propias naciones y dentro del sistema internacional mismo".

Los expertos hicieron esas declaraciones y el llamamiento para la reforma del sistema judicial  tras una serie de muertes de afroamericanos tanto a manos de la policía como de civiles blancos donde, según los expertos, se produjeron "actos de impunidad, un especial desprecio o falta de respeto por la vida humana y el uso de espacios públicos para imponer el control racial, características propias del linchamiento", se lee en un comunicado de los llamados procedimientos especiales dependientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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Manifestación contra la brutalidad policial en el barrio neoyorquino de Brooklyn.

Los afroamericanos siguen sufriendo el terror

"Exactamente 99 años después de la masacre de Tulsa, cuando se produjo una matanza de personas de ascendencia africana y una gran pérdida de vidas, la destrucción de bienes y la pérdida de riqueza en 'Black Wall Street' -la comunidad afroamericana más boyante de la época-, los afroamericanos continúan sufriendo el terror racial mediante la violencia auspiciada por el Estado y organizada en el ámbito privado", dijeron los expertos.

"Condenamos enérgicamente los asesinatos de Ahmaud Arbery, Breonna Taylor y George Floyd, y pedimos una reforma del sistema y justicia. Los últimos vídeos que vieron la luz pública donde se ve a hombres blancos persiguiendo, acorralando y ejecutando a un joven que corría haciendo ejercicio, o muestran a un oficial arrodillado y cargando todo su peso sobre el cuello de un hombre durante ocho minutos, sacuden la conciencia y suscitan el mismo terror que buscaban provocar los linchamientos en los Estados Unidos ", dijeron los expertos.

"Dado el historial de impunidad de violencia racial de esta índole en los Estados Unidos, los afroamericanos tienen buenas razones para temer por sus vidas", añaden.

Breonna Taylor, una técnica en medicina de 25 años de edad, murió en su cama cuando la policía condujo una redada en la casa equivocada; Ahmaud Arbery, de 25 años de edad, recibió un disparo mortal cuando corría cerca de su casa y posteriormente tres hombres blancos lo persiguieron y lo acorralaron; y George Floyd, de 46 años de edad, tras ser acusado de usar un billete falso en una tienda, murió en la calle mientras un oficial blanco presionaba la rodilla en su cuello y otros tres policías participaban y observaban la acción.

En el caso de Floyd, la policía impidió que los testigos, incluido un especialista médico presente en el lugar, prestaran cualquier tipo de asistencia médica, incluso cuando perdió el conocimiento.

Los expertos indicaron que en Estados Unidos hay "un legado de terror racial en la policía que sigue siendo evidente hoy en día" y pusieron como ejemplo a los asesinos de Ahmaud Arbery.

"Se organizaron, le persiguieron, lo acorralaron y no permitieron que escapara del vecindario, lo embistieron con su camioneta y finalmente le dispararon tres veces. Luego, según un testimonio, uno de ellos se situó sobre su cadáver", y se refirió a él términos despectivos que se remontan a la época de la esclavitud.

Los últimos momentos de la vida de Ahmaud contaron con la persecución propia de un linchamiento idéntico a los de la época de Jim Crow -era de finales del siglo XIX y principios del XX cuando se promulgaron leyes estatales y locales que ordenaban la segregación racial en el sur de los Estados Unidos-".

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El Monumento Nacional para la Paz y la Justicia, en el estado estadounidense de Alabama, está dedicado al legado de los negros esclavizados y las personas asesinadas por linchamiento.

La respuesta policial a las manifestaciones, en entredicho

Del mismo modo, el grupo de expertos también mostró su preocupación por la respuesta policial a las manifestaciones que se sucedieron en varias ciudades de Estados Unidos y tuvieron como denominador común la violencia, las detenciones arbitrarias, la militarización y la detención de miles de manifestantes.

Además, reporteros de color fueron atacados y detenidos, y algunos periodistas sufrieron actos de violencia y acoso.

"Las declaraciones del Gobierno de los Estados Unidos incitando y amenazando a la violencia contra los manifestantes contrastan con las llamadas a la paciencia y a la comprensión que hizo el ejecutivo tras las protestas, mayoritariamente de personas blancas, contra las restricciones de servicios en barberías, salones de belleza o balnearios ocasionados por la COVID-19 ", dijeron los expertos.

Al mismo tiempo, señalaron que la declaración efectuada el pasado 1 de junio, donde se amenazaba con el despliegue de las fuerzas militares contra los manifestantes en todo el país, implica el uso de mecanismo jurídicos que se usan sobre todo contra las personas de ascendencia africana, pero pocas veces en su defensa cuando se producen situaciones similares.

Además, indicaron que el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos que no formaron parte de un comportamiento ilegal "plantea considerables preocupaciones sobre el estado de derecho".

Los expertos de las Naciones Unidas reiteraron las conclusiones y las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana, formuladas en su informe de 2016 sobre los Estados Unidos, donde manifestaron que los asesinatos de afroamericanos desarmados por la policía eran "sólo la punta del iceberg de lo que constituye un prejuicio racial generalizado en el sistema de justicia".

Sugirieron al Gobierno implementar las recomendaciones pendientes del informe relativas a la policía y la justicia penal y recordaron que los recientes incidentes se enmarcan en el contexto de la COVID-19, que han afectado de manera importante y desproporcionada a las personas de ascendencia africana que se enfrentan a mayores riesgos y disponen de menos capacidades para aislarse en cuarentena.

*Ahmed Reid (Presidente), Dominique Day, Sabelo Gumedze, Michal Balcerzak, y Ricardo A. Sunga III, grupo de trabajo de expertos sobre las personas de ascendencia africana; Agnès Callamard, relatora especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; E. Tendayi Achiume, relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género; Catalina Devandas-Aguilar, relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; José Antonio Guevara Bermúdez (Presidente), Elina Steinerte (Vicepresidenta), Leigh Toomey (Vicepresidenta), Sètondji Adjovi, y Seong-Phil Hong, grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión; Chris Kwaja (Presidente), Jelena Aparac, Lilian Bobea, Sorcha MacLeod y Saeed Mokbil, grupo de trabajo sobre el uso de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación; Claudia Mahler, experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad; Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Baskut Tuncak, relator especial sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y la eliminación ambientalmente racional de sustancias y desechos peligrosos; Fernand de Varennes, relator especial sobre las cuestiones relativas a las minorías; Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y Olivier De Schutter, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Nourredine Ami (presidente), Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Los Relatores Especiales y los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

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