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AI denuncia violaciones, ejecuciones extrajudiciales y viviendas incendiadas en operaciones de seguridad en Amhara y Oromía

Etiopía

Al menos 40 personas muertas y cientos desplazadas por operaciones de seguridad en Amhara y Oromía

Al menos 300 familias desplazadas a la fuerza en Oromía con graves consecuencias
Las fuerzas de seguridad utilizaron granadas y armas e incendiaron viviendas durante una brutal campaña contra las minorías étnicas en Amhara


Manifestación en Adís Abeba, Etiopía © AP Photo/Mulugeta Ayene

Las fuerzas de seguridad etíopes cometieron atroces violaciones de derechos humanos, como el incendio de viviendas hasta reducirlas a cenizas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, detenciones arbitrarias y reclusiones, en ocasiones de familias enteras, en respuesta a los ataques de grupos armados y violencia entre comunidades en Amhara y Oromía, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

En un nuevo informe, Beyond law enforcement: human rights violations by Ethiopian security forces in Amhara and Oromia, Amnistía Internacional documenta cómo las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones de derechos humanos entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, a pesar de las reformas que habían propiciado la puesta en libertad a miles de personas detenidas, la ampliación el espacio político y de la sociedad civil y la derogación de leyes draconianas, como la Proclamación contra el Terrorismo, que previamente se había utilizado para reprimir los derechos humanos.

“Las autoridades etíopes han realizado progresos notables para cambiar el sombrío historial de derechos humanos del país. Sin embargo, es inaceptable que se permita a las fuerzas de seguridad cometer violaciones de derechos humanos con impunidad”, ha manifestado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

“Con elecciones en el horizonte, estas violaciones y abusos de derechos humanos podrían intensificarse hasta quedar fuera de control, a menos que el gobierno adopte medidas urgentes para garantizar que las fuerzas de seguridad actúan en el marco de la ley y se mantienen imparciales en el desempeño de sus funciones.”

En 2018, el gobierno del primer ministro Abiy Ahmed legalizó partidos de oposición —algunos de los cuales habían sido catalogados como organizaciones terroristas y sus miembros obligados a exiliarse— y permitió que participaran en las elecciones previstas inicialmente para agosto de 2020, pero que han tenido que aplazarse por la COVID-19.

Sin embargo, en su intento por granjearse apoyos, los políticos han incitado animosidades étnicas y religiosas, lo que ha desatado violencia entre comunidades y ataques armados en cinco de los nueve estados regionales del país —Amhara, Benishangul-Gumuz, Harari, Oromía y la región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur— y en el estado administrativo de Dire Dawa.

Como respuesta a esta situación, el gobierno estableció en 2018 Centros de Mando de Seguridad en los estados regionales para coordinar las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Etiopía, la policía federal y las unidades regulares y especiales (Liyu), así como agentes de seguridad en las administraciones locales, conocidos como milicias de los kebeles (municipalidades).

Complicidad en las muertes

Las tensiones se han agravado en Amhara desde que, en septiembre de 2017, la minoría qemant votó a favor de su propia unidad administrativa autónoma, lo que provocó enfrentamientos entre las comunidades amhara y qemant. Según el informe de Amnistía Internacional, las fuerzas policiales Liyu, la milicia local y dos grupos de jóvenes parapoliciales de Amhara unieron sus efectivos para atacar a la comunidad qemant en enero de 2019 y, de nuevo, entre septiembre y octubre de 2019, causando la muerte de al menos 100 personas y el desplazamiento de centenares más. También destruyeron viviendas y propiedades de la comunidad qemant.

Entre el 10 y el 11 de enero de 2019, las fuerzas de seguridad y los grupos parapoliciales atacaron un asentamiento qemant en Metema con granadas y armas e incendiaron viviendas. En 24 horas murieron 58 personas porque los soldados de un campamento cercano no respondieron a las llamadas de ayuda. Desde septiembre de 2018 circulan folletos y panfletos en los que se advierte a los funcionarios qemant que abandonen la zona, pero las autoridades no han adoptado ninguna medida.

Dinqie Tekeda, de 25 años, escapó de su casa en llamas con cuatro de sus hermanos y un primo suyo, pero los guardias de etnia amhara que había en el Banco Internacional de Bunna, donde se habían refugiado, los denunciaron a los jóvenes parapoliciales. “Vinieron jóvenes amharas armados y mataron a tres de mis hermanos y a mi primo e hirieron a mi otro hermano. Los dispararon a quemarropa mientras yo miraba. Murieron al instante”, explicó.

Otro ataque, el 29 de septiembre de 2019, se saldó con otras 43 personas de la minoría qemant muertas y 12 heridas. Al menos una familia fue quemada viva en su hogar, explicó una testigo a Amnistía Internacional. “A sólo 100 metros de mi casa, hacia las 10 de la noche, los jóvenes quemaron a Endihnew Nega, a su madre, a su hermana y al bebé de su hermana”, explicó Tsedal Abate.

Abebe Tilahun, empresario de 38 años, sufrió múltiples heridas cuando una granada fue lanzada contra su casa, que se incendió y le obligó a salir al exterior, donde fue alcanzado en el hombro y en la mano por una ráfaga de disparos. “Vi a las fuerzas especiales de la policía y a la milicia local amharas atacar el barrio qemant junto con los grupos parapoliciales de jóvenes amhara. Iban de casa en casa matando a personas de la etnia qemant”, dijo.

Ejecuciones extrajudiciales

Amnistía Internacional ha documentado la ejecución extrajudicial de al menos 39 personas en Oromía, entre ellas la de Seid Sheriff, un joven de 17 años, que recibió un disparo en la cabeza frente a un café en Harqelo, Goro Dola, supuestamente por avisar a un motorista de su inminente detención.

A otros tres hombres —Debeso Megada (27), Ararso Gobena (16) y Qalicha Jarso (22)— los mataron cuando circulaban en una motocicleta en enero de 2019 en el kebele de Duqisa Megada, en Dugda Dawa. Y el 3 de febrero de 2019, otro hombre, Aga Uddessa, murió de un disparo al pasar junto al Centro de Mando de Harqelo, en Goro Dola.

El 28 de diciembre de 2018, dos camiones llenos de soldados entraron en la ciudad de Finchawa, Dugda Dawa, y dispararon indiscriminadamente a la gente durante hora, matando a 13 personas. Los testigos explicaron a Amnistía Internacional que el ataque fue en represalia por la muerte de un soldado, lapidado tres semanas antes.

“Las autoridades deben poner fin a estas muertes de inmediato. Además, deben asegurar que las personas responsables de estos actos brutales y despiadados comparecen ante la justicia”, ha afirmado Deprose Muchena.

Palizas brutales, cicatrices para toda la vida

En 2019 se detuvo y encarceló arbitrariamente al menos a 10.000 personas, incluidas familias enteras, en el marco de la campaña gubernamental de represión de los ataques armados y la violencia entre comunidades en la región de Oromía. Aunque nunca se las procesó formalmente, fueron acusadas de “apoyar, compartir y facilitar información” a miembros del grupo armado que se autodenomina Ejército de Liberación Oromo (OLA), escindido de la rama militar del Frente de Liberación Oromo (OLF).

“Como los soldados no pudieron encontrar a mi vecino, Geda Shoda, que ya había huido para evitar ser detenido, se llevaron a su mujer y a sus seis hijos”, explicó Boru Halalkie.

A muchas personas las detuvieron varias veces y algunas estuvieron recluidas hasta cinco meses y fueron sometidas a adoctrinamiento político para obligarlas a apoyar al partido gobernante. La mayoría sufrieron palizas brutales. A Momina Roba, las palizas que recibió estando embarazada de cuatro meses, le provocaron un aborto.


Les dije que estaba embarazada cuando me golpeaban. Pero dijeron que no importaba


Momina Roba

“Me golpearon el día de mi detención y al día siguiente. Les dije que estaba embarazada cuando me golpeaban. Pero dijeron que no importaba si estaba embarazada o no. Dijeron que podían incluso matarme”, explicó.

Ebise Eba fue arrestada en enero de 2019 por dos agentes de seguridad de la administración local que la llevaron a la oficina administrativa de Duqisa Megada, donde la violaron. Le dijeron que si no accedía a sus deseos, la entregarían a los solados de las Fuerzas de Defensa de Etiopía, que la matarían. “De uno de ellos solo sé su apodo, ‘Qeyo’. Es del departamento de Paz y Seguridad del kebele. El otro es el comandante de la milicia del kebele”, explicó a Amnistía Internacional.

“Es completamente inaceptable que las personas responsables de proteger a los ciudadanos destruyan vidas y familias abierta y deliberadamente. Las autoridades deben garantizar que los agentes de seguridad responsables de estos delitos comparecen ante la justicia y que todas las fuerzas de seguridad del país reciben formación para hacer cumplir la ley con un enfoque de derechos humanos”, ha exigido Deprose Muchena.

Desalojos forzosos e incendio de viviendas

Desde marzo de 2019, los agentes de seguridad han desalojado a la fuerza al menos a 60 familias de la minoría guji en Oromía Oriental y Occidental y han incendiado sus viviendas, a menudo con las familias dentro, dejándolas desamparadas y sin hogar. Amnistía Internacional además ha confirmado que otras 300 familias fueron trasladadas a la fuerza de sus viviendas en entornos rurales a áreas periurbanas, y tuvieron que dejar atrás en sus granjas todas sus pertenencias, enseres domésticos, cosechas y cultivos.

“No pudimos volver, a pesar de que es la época de recolectar el café. Enviamos a nuestras personas de edad a pedir a las autoridades locales que nos permitieran volver. Les contestaron que no podíamos volver porque apoyamos al Ejército de Liberación Oromo”, explicó Faysal Udo.

“Es trágico que no se impida la violencia entre comunidades y el uso ilegítimo de la fuerza contra gente corriente por parte de las fuerzas de seguridad, que reaccionan contra la violencia entre comunidades y los ataques armados. Las medidas para mantener la ley y el orden nunca pueden perjudicar a la población ni privarla de sus medios de subsistencia y sumirla en la pobreza. Las autoridades deben garantizar que todas las familias desalojadas y reubicadas pueden volver de inmediato y de forma segura a sus hogares y granjas”, ha dicho Deprose Muchena.

“Las autoridades también deben reconocer que es legal tener diferentes opiniones políticas. Toda persona tiene derecho a elegir a quién da su apoyo político y estos derechos a la libertad de expresión deben garantizarse, respetarse y protegerse. Las autoridades deben acabar con la criminalización y el homicidio de personas por sus opciones políticas.”

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