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Los 10 retos del nuevo gobierno sobre libertad de expresión





La Plataforma en Defensa por la Libertad de Información (PDLI) ha recordado hoy, coincidiendo con el nombramiento de Pedro Sánchez como nuevo presidente, los principales retos que tendrá que afrontar el nuevo gobierno en materia de libertad de expresión y política de medios.



Estas tareas pendientes se recogen en el informe anual que presenta la Plataforma cada año sobre la situación de este derecho fundamental en nuestro país.



Para revertir el retroceso sin precedentes en democracia que ha sufrido la libertad de expresión en los últimos años, la PDLI propone 10 medidas urgentes con las que adecuar la legislación española a los estándares internacionales a los que España está sujeta.



Parte de estas propuestas están recogidas ya en el acuerdo de gobierno de coalición que presentaron PSOE y Unidas Podemos de cara a la investidura de Pedro Sánchez.



10 medidas urgentes

Entre otras medidas, la PDLI plantea la necesidad de derogar la llamada 'Ley Mordaza', reformar el Código Penal, mejorar la Ley de Transparencia, proteger a los alertadores/informadores (whistleblowers), o acabar con la provisionalidad de RTVE.



1. Derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’

La PDLI viene denunciando que la ‘Ley Mordaza’ es una norma innecesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos y que, en cambio, ha sido muy eficaz reprimiendo derechos y libertades. Así se desprende de los propios datos del Ministerio del Interior, que ponen en evidencia un patrón sancionador, siendo los artículos más imprecisos los que más se han aplicado.



Las sanciones por supuestas infracciones del artículo 37.4 sobre “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fueron las más numerosas, en una progresión que no ha dejado de crecer llegando a triplicarse entre 2016 y 2017. En total, a causa de este precepto se han impuesto 65.007 multas por un importe de 9.730.644 euros desde la entrada en vigor de la ley.



Por su parte, las sanciones por “desobediencia o la resistencia a la autoridad” (artículo 36.6 de la Ley) han sido 42.850. La cuantía total de estas multas fue mayor, alcanzando los 26.282.353 euros. En cambio, el artículo referido al uso inadecuado de fotografías a policías (36.23) ha supuesto 125 multas desde la entrada en vigor de la ley, por un importe total de 7.786.300 euros



2. Reforma del Código Penal, derogando artículos como los de ofensa a los sentimientos religiosos, insultos a la Corona o los de injurias y calumnias; y modificando otros como los referidos a los de discurso del odio o terrorismo

El Código Penal es, para la PDLI, el principal causante de los ataques más serios contra la libertad de expresión. El informe anual de la PDLI menciona más de diez artículos en los que no se están respetando los parámetros de la ONU: 205 a 216 sobre injurias y calumnias; artículos 492 a 494 sobre injurias a la Corona; 496 sobre injurias a las Cortes Generales o Parlamentos autonómicos; 504 injurias y calumnias al Gobierno y otras instituciones; 556 falta de respeto a la autoridad; 543 sobre ultraje a España y sus símbolos; 524 y 525 sobre ofensa a los sentimientos religiosos; y 510 sobre discurso del odio.



A estos hay que añadir los reformados mediante el llamado ‘pacto antiyihadista’, entre los que se encuentran el enaltecimiento del terrorismo (artículo 578) y el adoctrinamiento (artículo 575), que penaliza la mera consulta de páginas webs.



Casos como el del grupo vegano acusado de terrorismo, los tuits que llevaron a la Audiencia Nacional a César Strawberry o Cassandra, o el de la procesión ‘del coño insumiso’, que provocó un procedimiento penal de dos años por ofensa a los sentimientos religiosos, demuestran la urgencia de modificar esta norma.



También periodistas y medios de comunicación sufrieron la aplicación de estos artículos tan lesivos para la libertad de expresión como ‘El Jueves’ o el humorista de ‘El Intermedio’ Dani Mateo.



3. Culminar la reforma de RTVE y conceder frecuencias a los medios comunitarios imprescindibles para el pluralismo informativo y el derecho a la información

Cuando en marzo de 2019 se disolvió la legislatura, el Congreso aprobó incluir, en la “relación de iniciativas que se trasladan a las cámaras que se constituyan en la XIII legislatura”, el resultado del Concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del presidente de la Corporación RTVE. Es decir, se descartaba que el concurso público de RTVE debiese empezar de cero tras las elecciones, en una decisión que posteriormente fue avalada por los letrados de la Cámara.



Sin embargo, en estos meses, no se ha producido ningún avance y RTVE sigue en una situación de provisionalidad.



En cuanto a los medios comunitarios, la PDLI, junto con el colectivo que integra a estos medios (ReMC) y la Federación de Sindicatos de Periodistas, considera que los medios comunitarios deben gozar de seguridad jurídica para operar (licencias o instrumentos análogos), protección ante interferencias de emisoras comerciales piratas y acceso a medidas de fomento impulsadas por las administraciones públicas.



4. Transparencia: protección legal de los alertadores/informadores (whistleblowers) y de las plataformas, medios y periodistas que publican filtraciones de interés público

Para mejorar en transparencia y libertad de información es imprescindible garantizar la inmunidad de las personas que denuncian la corrupción en organizaciones públicas y privadas. Una inmunidad que debe cubrir los actos de los alertadores/informadores (whistleblowers), pero que también debe extenderse a las plataformas que publican las filtraciones, así como a los periodistas y medios de comunicación que las publican.



La PDLI propone, por un lado, que se regule la figura del alertador/informador (whistleblower) con una transposición adecuada de la reciente Directiva aprobada recientemente por el Consejo la Unión Europea y, además, que se modifique el Código Penal para reformar el artículo 197 relativo a la revelación de secretos, “una espada de Damocles sobre el periodismo de investigación”.



5. Reparto equitativo a los medios de la publicidad institucional

La falta de transparencia y equidad en el reparto de los contratos publicitarios entre los distintos medios favorece la competencia desleal entre las empresas informativas, suponiendo un obstáculo para la libertad de información, según la PDLI.



A pesar de que existe regulación estatal en la materia (la ley 29/2005), esta normativa no ha impedido que la publicidad de instituciones y organismos públicos, cuyo coste total en la Administración General del Estado es superior a los 60 millones de euros, se emplee como premio o castigo según la línea informativa del medio.



Para acabar con estas situaciones, la PDLI plantea, por un lado, unos requisitos legales más estrictos, y, por otro, una mayor transparencia en la información sobre contratación de publicidad.



6. Mejorar la Ley de Transparencia

Desde esta perspectiva, entre las reformas prioritarias es imprescindible la mejora de la Ley de Transparencia, en consonancia con los niveles internacionales más exigentes para este tipo de normas.



En primer lugar, como la PDLI viene planteando, es necesario reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, siguiendo lo establecido por la jurisprudencia internacional.



Además, hace falta, entre otras medidas, eliminar las trabas que actualmente existen para ejercer el derecho de acceso, mejorando el procedimiento de acceso para hacerlo más sencillo y eficaz y limitar a excepciones de los motivos para denegar una información pública.



7. Garantizar la seguridad de los/as periodistas frente a cualquier clase de violencia

A pesar de encontrarnos en un Estado democrático, en los últimos años la seguridad de los periodistas no siempre ha estado garantizada.



Para prevenir estas situaciones, la PDLI persigue que España desarrolle los principios de la Declaración Internacional sobre la Protección de los Periodistas y que estas medidas alcancen a cualquier informador, en particular a los que no cuentan con el apoyo de grandes medios.



Además, no solo por la seguridad de los periodistas, sino por la de cualquier persona que ejerza su derecho de manifestación y protesta, la PDLI pide que se regule expresamente el tamaño y tipo de letra con el que deben identificarse en sus uniformes los agentes policiales (en particular, los de las Unidades de Intervención Policial) para facilitar reclamaciones ante posibles casos de uso desproporcionado de la fuerza o de sus atribuciones sancionadoras.



Por otro lado, urge actuar ante un problema emergente como es el acoso online a mujeres periodistas, cuya solución, si bien no es legislativa, sí requiere del compromiso de todos los poderes públicos.



8. Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prohibiendo el espionaje preventivo

La Ley de Enjuiciamiento Criminal es, junto con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y la doble reforma del Código Penal, la tercera ‘Ley Mordaza’ para la PDLI. Algunas de las principales amenazas de la nueva ley son la posibilidad de ordenar la instalación de programas espía (troyanos) para investigar cualquier delito en la red, los “agentes encubiertos informáticos” que, además, podrán intercambiar archivos ilícitos, o la instalación secreta de dispositivos de localización.



9. Proteger las libertades de expresión e información en Internet

Desde la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) al Código Penal o la mencionada Ley de Enjuiciamiento Criminal nuestro ordenamiento incluye previsiones que suponen una injerencia desproporcionada en las libertades en Internet. La más reciente, el llamado ‘Decretazo Digital’.



A ellas hay que sumar riesgos legislativos inmediatos, como los que derivan de la transposición de normas europeas aprobadas (como la Directiva sobre sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital o la Directiva de servicios de comunicación audiovisual) o en elaboración (como el Reglamento Europeo para la prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea, que será de aplicación directa, o la conocida como Digital Services Act).



Además, debemos vigilar los intentos de usar el llamado discurso del odio para limitar las libertades en Internet como excusa para la defensa de la seguridad nacional o la lucha contra las noticias falsas, la desinformación, , como la PDLI advirtió en el Congreso el pasado año, y como fue recogido en las conclusiones del informe de la Ponencia para el estudio de diversas cuestiones relativas a la ciberseguridad en España.



 10. Mejorar el derecho de acceso a la Justicia

Dotar de medios a la Justicia y apoyar el Turno de Oficio es imprescindible para garantizar el disfrute efectivo de nuestros derechos y libertades, entre ellos la libertad de expresión e información.







Documento

Informe PDLI: Prioridades y balance de la libertad de expresión e información en España 2019 [pdf.]



[Foto: Congreso.es ]


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