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Acusan a la empresa pública española Defex de sobornar a altos cargos de Arabia Saudita para obtener contratos de venta de armas

PreviewEl Ministerio Público describe una presunta trama de corrupción institucionalizada desde 1990, aunque el periodo juzgado en esta pieza solo abarca desde 2005 a 2014, el periodo no prescrito.





La Fiscalía Anticorrupción española ha solicitado penas de cárcel de hasta 29 años por diversos delitos de corrupción a ocho personas, presuntamente cometidos durante las ventas de material militar a Arabia Saudita a través de la empresa pública española Defex, disuelta. El fiscal Conrado Saiz describe en su escrito de conclusiones cómo la empresa pública Defex pagó comisiones ilegales a diversas autoridades del régimen árabe entre 2005 y 2014, para obtener a cambio la materialización de los contratos.

El Ministerio Público lleva a cabo esta acusación en una de las piezas separadas del llamado 'caso Defex', que investiga once ventas ejecutadas en este periodo, y atribuye a José Ignacio Encinas Charro, presidente de la compañía pública hasta 2013, los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y corrupción en las transacciones internacionales.

Otras siete personas físicas y cuatro jurídicas, entre estas últimas la propia Defex, se sentarán también en el banquillo de los acusados junto al expresidente.
Falta de mecanismos de prevención de la corrupción

Aunque la Fiscalía detalla en su escrito la manera en que la empresa pública vendía armamento a Arabia Saudita desde 1990, el objeto de su investigación es únicamente el periodo no prescrito, que abarca desde 2005 y 2014. El Ministerio Público sostiene que para obtener los contratos a través de sobornos, los acusados se aprovecharon de "la absoluta falta de mecanismos y procedimientos de prevención de delito que tenía la empresa pública Defex".





Entre los funcionarios saudíes más claramente identificados como perceptores de estas 'mordidas' está el que fuera agregado militar en la Embajada de Arabia Saudita en España en los años señalados, Abdulá Al Shamuary. Los investigadores han logrado trazar las transferencias bancarias que recibió en cuentas españolas a su nombre.

Se estima que el desvío de capitales correspondiente a los once contratos que constituyen el objeto de este juicio, es de unos cuatro millones de euros.

Esta es la tercera pieza del caso Defex, que consta de un total de cinco. Los contratos de suministro militar investigados abarcan cinco países: Arabia Saudita, Egipto, Brasil, Angola y Camerún. En el caso de la pieza sobre Angola, la Fiscalía reclama 50 años de cárcel para Encinas y otros exdirectivos, por el presunto desvío de 41 millones de euros que se habrían pagado en comisiones.



Arabia Saudita es uno de los mayores clientes de España en diversos ámbitos industriales, entre los que destacan las infraestructuras (como la del tren de alta velocidad a La Meca) y el material de defensa.

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